La Ley de Educación Catalana, LEC para abreviar, sin tener en cuenta la opinión de los docentes, ha sido impuesta sin más por Cataluña. Tras un máximo de cuatro huelgas escolares en contra de ella, el Gobierno socialista catalán la da por buena queje quien se queje. Lo paradójico, y vergonzoso a la vez, fue saber que su propio partido socialista, y des de España, decretó no redactar más leyes educativas antes de la redacción de la LEC. En diciembre de 2007 el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó no querer más leyes educativas porque lo que necesitaba a nivel escolar España era estabilidad. Pero tales voces fueron desoídas en Cataluña por el conseller de educación, Ernest Maragall. Él, demócrata supuesto, es quien está imponiendo su LEC en contra de la mayoría de voces docentes. Resulta obvio que su mandato terminará en breve, en las próximas elecciones, y por ello le urge colgarse la medalla de su ley educativa. Lo zafio es que la LEC de Maragall ha enfrentado Gobierno y sindicatos en una guerra en donde lo importante, el acuciante fracaso escolar, ha quedado totalmente relegado. Denigrante fue también averiguar que no hacía falta redactar una nueva ley de educación catalana. El 90 % de sus decretos son plagios de leyes socialistas anteriores, y el 10% restante, leves cambios, que no mejoras, del sistema educativo. Cambiar es fácil, mejorar el reto. Por tanto la LEC ha conllevado una disputa innecesaria entre Gobierno y sindicatos, todo por culpa de la obstinación de un político, Ernest Maragall, alguien que jamás ha impartido clases en un aula. Él es un economista hermano del anterior president de la Generalitat, el tete en el argot educativo.
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